El secretario general de Fecoht Andalucia de CCOO Gonzalo Fuentes, imputado en el caso de los ERE falsos por el expediente del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), alude a la "confusión" de la juez Mercedes Alaya en relación al derecho laboral en el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Sevilla.
El secretario general de Fecoht Andalucia de CCOO Gonzalo Fuentes
En el recurso se aduce la "confusión" de la juez al abordar la inclusión en el ERE de dos "intrusos", en referencia a dos trabajadores de las empresas del grupo Nueva Rumasa que, cuando fueron vendidas, fueron subrogados a la también empresa del grupo Europa Center SA (hotel Cervantes).
A este respecto, se explica que la subrogación de trabajadores dentro de un mismo grupo de empresas es una circunstancia "totalmente lícita y válida en el plano de la legislación y jurisprudencia laboral".
Se añade que es plenamente ajustado a derecho que el hotel Cervantes subrogara los contratos de empresas del mismo grupo con el consentimiento de los trabajadores afectados, a los que se les reconocían derechos como la antigüedad, categoría y salario.
Este hecho fue además comunicado tanto a la Delegación de Trabajo de Málaga como a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en sus resoluciones de fecha 4 de mayo de 2006 e informe de 26 de abril de 2006 "no realizan objeción de ninguna clase", especifica.
En consecuencia, mantiene que la imputación de que Fuentes ha permitido o facilitado la inclusión de intrusos en el ERE "carece de fundamentación" e indica que no ha sido tenida en cuenta la legislación laboral, ni el informe de la Inspección de Trabajo.
Se argumenta que no existe ningún indicio que permita imputar a Fuentes el delito de malversación de fondos públicos, pues "no tenía labor de gestión, ni de ejecución, ni manejó dinero público, ni tampoco posición de garante".
Recuerda que la Guardia Civil no realiza imputación de ninguna clase contra Fuentes -que actualmente es secretario de la Federación de Turismo y Comercio de CCOO en Andalucía-, a quien "ni siquiera le toma declaración en calidad de testigo".
Por ello, sostiene que "no tuvo ni pudo tener ninguna participación" en la inclusión de dichas personas en el ERE, pues no era trabajador del hotel, ni miembro del comité de empresa, y que fue la empresa la que inició y propició el ERE, no los representantes sindicales o el comité de empresa.
Fuentes "se limitó a informar y asesorar en asamblea" a los trabajadores del hotel sobre las cuestiones laborales del ERE, y negoció con la empresa los términos laborales del expediente "en un plano de negociación empresa-trabajadores", relativo a extremos como el pago del premio de jubilación previsto en el convenio colectivo o el porcentaje de salario garantizado.
Por ello, insiste en que "no existe el más mínimo indicio" de que conociera o facilitara la inclusión de intrusos, y tampoco participó en el expediente de ayuda sociolaboral solicitado por la empresa ni en la intermediación y pagos a Juan Lanzas.
La imputación, por tanto, "no puede sino obedecer a una confusión" entre Expediente de Regulación de Empleo, donde la relación es entre empresa y trabajadores y las ayudas sociolaborales que solicita la empresa, en la que existe una relación entre la empresa y la Junta de Andalucía, precisa.
También hace hincapié en que en el expediente se recoge que la obligación de pago del mismo recae sobre la empresa del Hotel Cervantes, y que el propio comité de empresa, asesorado por CCOO, exigió que otra empresa del grupo Nueva Rumasa, "la más fuerte en ese momento, Dhul", avalase esas obligaciones de pago.
En el escrito se pide a la Audiencia de Sevilla que revoque el auto dictado el pasado 21 de mayo y deje sin efecto las medidas cautelares acordadas.
