Las medidas presentadas por Zapatero en el Congreso de los Diputados suponen romper el precario equilibrio que el Gobierno mantenía con las organizaciones sindicales. Con las medidas anunciadas, el Gobierno hace recaer un importante peso sobre los trabajadores y pensionistas, al tiempo que también recorta derechos de colectivos muy sensibles, como son las personas dependientes.
Estas propuestas convierten al gobierno de Zapatero en el primer gobierno que en nuestro país recorta y reduce directamente salarios de miles de empleados públicos; al tiempo que penaliza del mismo modo sus retribuciones, al anunciar la congelación salarial para 2011 sobre la base de un salario recortado, con estas medidas, en el presente año.
De una sola "tacada" y por segunda vez, ya lo hizo con la oferta de empleo público, el gobierno vulnera e ignora el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales (CCOO, UGT y CISF) y demuestra en la práctica su desprecio por la negociación colectiva, como derecho básico de todos los trabajadores y trabajadoras, también de los empleados públicos.
Igualmente proponer suspender, para 2011, la revisión automática de las pensiones en relación al IPC real, con lo que los pensionistas en nuestro país (700-800 € de pensión media al mes) perderán capacidad adquisitiva en el próximo año. El gobierno elimina también con sus propuestas el régimen de jubilación parcial recogido en la Ley de Medidas de Seguridad Social 40/2007 que, entre otras cosas, facilitaba el contrato de relevo; medida ésta que en muchas empresas (FASA-RENAULT en Sevilla, por ejemplo) ha permitido crear empleo joven, renovar plantillas y hacer, al mismo tiempo que crecía el empleo, más competitivas a las empresas por una mejor formación y por ganar éstas en productividad.
Acompañando estas medidas, el Gobierno suprimirá el conocido “cheque-bebé”, que desde su implantación el sindicato rechazó, ya que consideramos que ese dinero –dado linealmente sin establecer diferencias según renta- tendría mejor destino reforzando las partidas presupuestarias destinadas al crecimiento de las escuelas infantiles (0 a 3 años) o reforzando otras políticas de incentivos a la natalidad.
Del mismo modo, el Gobierno elimina la retroactividad que pagaba cuando reconocía una prestación económica por dependencia y fija un plazo de 6 meses, como tope, para el reconocimiento y pago de la prestación ajustando a esa fecha el inicio del reconocimiento de la retroactividad si así se produjera. Viendo esta medida da la sensación de que el gobierno pensaba que el reconocimiento y pago se producían por “arte de magia” y parece que el gobierno ha olvidado que son los ayuntamientos y las comunidades autónomas quienes realmente (con escasos medios y con el boicot a esta política social en los casos de las comunidades gobernadas por el PP) desarrollan la completa implantación de este servicio.
Si hoy existe un pago “relativamente importante” por reconocimiento de retroactividades se debe, sin duda, al “error” de las administraciones autonómicas al considerar lo extraordinario –pago económico de la prestación- en lugar del reconocimiento de la prestación directa de servicios que es la medida que mayoritariamente debía haberse aplicado; desaprovechando así todas las oportunidades que esta Ley significaba en nuevos segmentos de empleo.
Por ello, la eliminación de la retroactividad no va a resolver los problemas de las personas dependientes y no va a acelerar tampoco la creación de nuevos empleos en la prestación de servicios a las mismas.
Por último, el gobierno reducirá en más de 6.000 millones de € la inversión pública, con lo que otra vez saldrá afectado el empleo que se nuclea en torno a la capacidad de las administraciones, por medio de medidas como el desarrollo de infraestructuras y de la obra pública.
Ni una sola medida de las planteadas por el gobierno tiene por destinatarios a los que han originado la crisis. Ni una sola medida del gobierno ha optado por actuar sobre el incremento de ingresos para reducir el déficit público. Así, no hay medidas en política fiscal que asegure que “quien más tiene, más pague”, no hay control sobre el fraude fiscal –sólo se controlan a aquellos que perciben ingresos del Estado, como los empleados públicos y los pensionistas-; no hay medidas para volver a situar impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, control de “chiringuitos” fiscales o medidas que intenten atajar las irregulares actuaciones del sector financiero; verdadero causante de la crisis.
En definitiva, Zapatero y su gobierno han terminado dibujando unas medidas de reducción del déficit que sólo soportarán los más débiles del conjunto social.
Por ello, si no hay rectificación, el gobierno se ha ganado a pulso encontrarse con una respuesta global del conjunto de los ciudadanos; especialmente de los trabajadores y trabajadoras. Antes estos ataques y recortes de derechos el Gobierno debe encontrar una respuesta clara de movilización, que ni puede ni debe ser otra que una huelga general.
(Transcrito literalmente del boletín Gente de CCOO)
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