CCOO denuncia la vulneración del principio de libertad sindical y la criminalización de la respuesta social
La petición de dos años de
cárcel para cinco sindicalistas de CCOO de Rioja, entre ellos el
secretario general del sindicato en esta comunidad, confirma que se está
recurriendo a figuras delictivas preconstitucionales para actuar contra
el movimiento sindical
Hoy martes 25 de febrero, en el
Juzgado de lo Penal numero 2 de Logroño se celebra juicio contra CINCO
sindicalistas de CCOO, entre ellos el Secretario General del sindicato
en la Rioja, para los que el fiscal pide 5 años de cárcel por hechos
relacionados con la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
Para
CCOO la criminalización del ejercicio del derecho de huelga esta
alcanzando cotas cada vez más alarmantes, además de claramente
antidemocráticas. “Es totalmente inconstitucional recurrir, tal y como
se está produciendo, a figuras delictivas introducidas en épocas
preconstitucionales y que solo tenían un objetivo: descabezar al
movimiento sindical”.
Se está atentando, denuncia CCOO, contra el
principio de Libertad Sindical; se esta produciendo una vulneración muy
grave en materia de derechos fundamentales. El objetivo que se está
persiguiendo en la Rioja o como en el caso de los 8 sindicalistas de
Airbus, no es otro que el de criminalizar la protesta social y con ella,
cuestionar los más elementales instrumentos de participación social y
democrática.
Para CCOO, asistimos a una grave rebaja de las garantías
democráticas de la ciudadanía. “Acompasar, como es el caso, las
políticas de austeridad con una política de recortes sociales y con
recortes también en materia de derechos civiles y libertades
democráticas, atenta contra un principio fundamental, los derechos
humanos, además de cercenar elementos básicos de la propia democracia”,
denuncia CCOO.
Por último, CCOO anuncia que ante los atentados que
se están produciendo contra derechos básicos que se configuran como
parte del Estado Social, -libertad sindical y derecho de huelga,-
impulsará la movilización social y recurrirá a organismos
internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la OIT,
para dejar constancia de la conducta antidemocrática de algunos poderes
públicos en España contra el movimiento sindical.