Sevilla, 9 julio 2012.-
Los secretarios generales de ambos sindicatos, Alfonso Vidán y Juan Antonio Gilabert, han señalado que "no hay imperativo legal ni obligación alguna para proceder a la privatización de parte de los servicios de Mercasevilla". A esta conclusión han llegado tras estudiar el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento hispalense, que aconseja la liberalización de parte del mercado municipal, hecho que pone en peligro más de cien puestos de trabajo de los 198 trabajadores con los que cuenta en la actualidad Mercasevilla.
CCOO y UGT de Sevilla señalan que la privatización es una mera "decisión política"
El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, junto su homólogo en UGT, Juan Antonio Gilabert, ha mantenido un encuentro en las instalaciones de Mercasevilla, con el presidente del comité de empresa del mercado, Rafael Domínguez, a quien ambos dirigentes han mostrado su apoyo.
Tras la emisión de un informe sobre la prestación de servicios de Mercasevilla, realizado por el secretario del Ayuntamiento de la capital, principal accionista del mercado, la comisión ejecutiva de Mercasevilla, ha acordado la privatización de parte de sus servicios, "hecho que pone en peligro el empleo, ya que afecta a más de cien de los 198 trabajadores actuales en plantilla".
Para llegar a este punto, el secretario del Ayuntamiento se ha basado en un requerimiento de la Unión Europea, que en agosto de 2011 resolvió incoar un expediente a Mercasevilla, por un posible caso de "monopolio" en torno a la prestación de servicios que el mercado impone y cobra a los mayoristas de pescado, en la lonja del mercado central. Esta resolución procede de la queja que los mayoristas de pescado elevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en junio de 2010, sobre el cobro de impuestos por los servicios de facturación, transporte, y manipulación del género que realiza la plantilla de Mercasevilla.
Anteriormente, estos impuestos habían sido censurados en un resolución de 2002 del Tribunal de Defensa de la Competencia, ratificada en una sentencia emitida por la Audiencia Nacional en 2006. Sin embargo, señalan CCOO y UGT de Sevilla, ninguno de estos documentos "obliga por imperativo legal la privatización de parte de los servicios de Mercasevilla". Alfonso Vidán y Juan Antonio Gilabert han señalado, además, que la sentencia de 2006 define al documento del Tribunal de Defensa de la Competencia como un "informe de naturaleza no vinculante".
Por ello, señalan ambos dirigentes que el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento busca "la liberalización de Mercasevilla, por una mera decisión política". Vidán y Gilabert han mostrado su apoyo a los trabajadores del mercado y a las movilizaciones que están llevando a cabo.
Tras la emisión de un informe sobre la prestación de servicios de Mercasevilla, realizado por el secretario del Ayuntamiento de la capital, principal accionista del mercado, la comisión ejecutiva de Mercasevilla, ha acordado la privatización de parte de sus servicios, "hecho que pone en peligro el empleo, ya que afecta a más de cien de los 198 trabajadores actuales en plantilla".
Para llegar a este punto, el secretario del Ayuntamiento se ha basado en un requerimiento de la Unión Europea, que en agosto de 2011 resolvió incoar un expediente a Mercasevilla, por un posible caso de "monopolio" en torno a la prestación de servicios que el mercado impone y cobra a los mayoristas de pescado, en la lonja del mercado central. Esta resolución procede de la queja que los mayoristas de pescado elevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en junio de 2010, sobre el cobro de impuestos por los servicios de facturación, transporte, y manipulación del género que realiza la plantilla de Mercasevilla.
Anteriormente, estos impuestos habían sido censurados en un resolución de 2002 del Tribunal de Defensa de la Competencia, ratificada en una sentencia emitida por la Audiencia Nacional en 2006. Sin embargo, señalan CCOO y UGT de Sevilla, ninguno de estos documentos "obliga por imperativo legal la privatización de parte de los servicios de Mercasevilla". Alfonso Vidán y Juan Antonio Gilabert han señalado, además, que la sentencia de 2006 define al documento del Tribunal de Defensa de la Competencia como un "informe de naturaleza no vinculante".
Por ello, señalan ambos dirigentes que el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento busca "la liberalización de Mercasevilla, por una mera decisión política". Vidán y Gilabert han mostrado su apoyo a los trabajadores del mercado y a las movilizaciones que están llevando a cabo.
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