viernes, 7 de febrero de 2014

Declaración de nuestro compañero Gonzalo Fuentes.



El secretario de la Federación de Turismo y Comercio de CCOO en Andalucía, Gonzalo Fuentes, imputado en el caso de los ERE falsos por el expediente del hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga), ha pedido hoy "celeridad" a la justicia y ha defendido su inocencia.

Fuentes, que ha asegurado tener la conciencia "muy tranquila" porque entiende que como representante de CCOO en Málaga cuando se aprobó dicho ERE se ajustó a la legalidad, ha señalado que le ha sorprendido su citación porque a día de hoy aún no sabe por qué se le ha imputado la juez Mercedes Alaya..

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa sobre turismo y empleo, ha explicado que aún no dispone del auto de imputación, y ha dicho que si le llega lo estudiarán para recurrirlo.

Este dirigente de CCOO, con 38 años de actividad sindical, ha dicho que cree en el Estado de Derecho y en la justicia, a la que ha pedido celeridad porque "cuando hay unas imputaciones con mucho tiempo, eso evidentemente perjudica la imagen de las personas y también a lo que representamos".

Según Fuentes, el pasado 23 de enero se acogió a su derecho a no declarar ante la juez Alaya porque previamente no conocía el auto, que ni siquiera se le había notificado.

En el expediente del hotel Cervantes, una de las cinco empresas del grupo Nueva Rumasa en las que la instructora del caso mantiene que cobró por su mediación el "conseguidor" Juan Lanzas, el sindicato CCOO no cobró "ni un solo euro" por la negociación, ha asegurado Fuentes.

La empresa del establecimiento planteó el ERE porque decía que había que renovar el hotel y que la plantilla era muy mayor y este culminó en un plan de bajas voluntarias en el que el sindicato procuró que los trabajadores salieran con las "mejores condiciones sociales", ha relatado.

Dicho plan fue "firmado y chequeado" por el comité de empresa porque el sindicato "no firma el ERE", ha aclarado el sindicalista, quien ha añadido que tuvo el visto bueno por unanimidad de la plantilla y después el informe favorable de la Inspección de Trabajo, que tiene acceso a las bases de cotización, antigüedad y salarios de los empleados.

Después pasó a la Delegación de Empleo de la Junta, donde fue aprobado por resolución administrativa, un informe preceptivo para posteriormente tramitar el cobro del desempleo, ha detallado.

Fuentes se ha preguntado "cómo el sindicato puede cuestionar un documento oficial", y ha respondido: "no podemos ni debemos", ya que es la autoridad laboral la que tiene que "verificar si hay algún tipo de ilegalidad".

Con posterioridad, ha sabido que dos trabajadores de dos empresas del grupo Rumasa fueron directamente subrogados porque las empresas de las que procedían, una agencia de viajes y otra de alquiler de vehículos, se pasaron al hotel Cervantes con su antigüedad y derechos salariales en aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Ha insistido en que el sindicato "no conocía" a estos empleados, y que se limitó en la asamblea a explicar las condiciones del expediente

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