El discurso dominante en España insiste de forma casi obsesiva en que reducir el gasto público es la única forma de salir de la crisis. Esta idea se ha convertido en un dogma. La cadena argumental de estos dogmáticos es la siguiente: el problema que atenaza la economía española es un elevado nivel de deuda pública, como consecuencia de la acumulación de déficits en las administraciones, provocados por un aumento irresponsable del gasto, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas. Esta elevada deuda pública tiene problemas para ser financiada, lo que se traduce en un insoportable coste para el Tesoro público.
La consecuencia de un diagnóstico de este tipo es inevitable: si nuestro problema es una deuda no financiable provocada por un exceso de gasto, la solución no puede ser otra que la de recortar el gasto. Sin embargo, esta cadena argumental se sustenta en falsedades o verdades a medias, y ninguna de sus hipótesis se sostiene ante un análisis objetivo. El estudio elaborado por el economista Manuel Lago Peñas, bajo el título El gasto público: un falso culpable, constata además que si se actúa solo sobre el gasto el resultado será "un proceso muy doloroso en lo social e ineficaz en lo económico".
Sin embargo, la realidad es que nuestra deuda pública es relativamente baja, no está provocada por un exceso de gasto y, al menos por ahora, no genera un insoportable problema de sobrecoste financiero.
España es el país que tiene un menor problema con sus cifras de deuda. Por dos motivos. Primero, porque la deuda española sobre el PIB, al finalizar el año 2010, es la más baja entre todos los grandes países de la Unión Europea. Segundo, porque el tipo de interés medio que pagamos por la deuda se halla en mínimos históricos, de forma que la carga financiera que ha de soportar el presupuesto también es baja.
A esto se añade que la evolución del gasto en España durante la crisis ha sido similar a la media de la UE (aumentó en 6,6 puntos de PIB frente a 5,2 puntos en la Unión). Dicho aumento solo explica el 50% del deterioro de las cuentas públicas, mientras que la media de la UE es del 87%, por lo que, "el problema diferencial no está en el exceso de gasto sino en la caída de ingresos", subraya el estudio.
El informe concluye advirtiendo de que una reducción de entorno a los 40.000 millones de euros en los dos próximos años, para llegar al 3% de déficit, solo se puede hacer recortando el gasto en protección social (pensiones y desempleo), en los servicios públicos básicos (sanidad, educación y atención a la dependencia) y en la inversión pública.
No estaríamos hablando de austeridad, sino de gravísimos recortes en los derechos de las personas. No sería acabar con el despilfarro, sino agravar la recesión económica hacia la que ya nos estamos encaminando.
Asimismo, el estudio aboga por un proceso de consolidación fiscal "justo socialmente y eficiente en lo económico", donde se actúe sobre el gasto pero también sobre los ingresos públicos, combinando austeridad y políticas de estímulo a la actividad económica.
La consecuencia de un diagnóstico de este tipo es inevitable: si nuestro problema es una deuda no financiable provocada por un exceso de gasto, la solución no puede ser otra que la de recortar el gasto. Sin embargo, esta cadena argumental se sustenta en falsedades o verdades a medias, y ninguna de sus hipótesis se sostiene ante un análisis objetivo. El estudio elaborado por el economista Manuel Lago Peñas, bajo el título El gasto público: un falso culpable, constata además que si se actúa solo sobre el gasto el resultado será "un proceso muy doloroso en lo social e ineficaz en lo económico".
Sin embargo, la realidad es que nuestra deuda pública es relativamente baja, no está provocada por un exceso de gasto y, al menos por ahora, no genera un insoportable problema de sobrecoste financiero.
España es el país que tiene un menor problema con sus cifras de deuda. Por dos motivos. Primero, porque la deuda española sobre el PIB, al finalizar el año 2010, es la más baja entre todos los grandes países de la Unión Europea. Segundo, porque el tipo de interés medio que pagamos por la deuda se halla en mínimos históricos, de forma que la carga financiera que ha de soportar el presupuesto también es baja.
A esto se añade que la evolución del gasto en España durante la crisis ha sido similar a la media de la UE (aumentó en 6,6 puntos de PIB frente a 5,2 puntos en la Unión). Dicho aumento solo explica el 50% del deterioro de las cuentas públicas, mientras que la media de la UE es del 87%, por lo que, "el problema diferencial no está en el exceso de gasto sino en la caída de ingresos", subraya el estudio.
El informe concluye advirtiendo de que una reducción de entorno a los 40.000 millones de euros en los dos próximos años, para llegar al 3% de déficit, solo se puede hacer recortando el gasto en protección social (pensiones y desempleo), en los servicios públicos básicos (sanidad, educación y atención a la dependencia) y en la inversión pública.
No estaríamos hablando de austeridad, sino de gravísimos recortes en los derechos de las personas. No sería acabar con el despilfarro, sino agravar la recesión económica hacia la que ya nos estamos encaminando.
Asimismo, el estudio aboga por un proceso de consolidación fiscal "justo socialmente y eficiente en lo económico", donde se actúe sobre el gasto pero también sobre los ingresos públicos, combinando austeridad y políticas de estímulo a la actividad económica.
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